El Cabildo pide apoyo económico para que las ONG puedan afrontar las situaciones de necesidad social

El Pleno del Cabildo Insular aprobó por unanimidad un acuerdo institucional por el que se insta al Gobierno del Estado a revisar el articulado del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 38/2003, General de Subvenciones a fin de que garantice el auxilio económico a las organizaciones no gubernamentales para que puedan afrontar, sobre todo, aquellas situaciones de necesidad social que se han agudizado en los últimos años.

La moción, presentada por los grupos nacionalista y socialista, y defendida por la consejera de Acción Social, Cristina Valido, demanda al Gobierno del Estado incorporar previsiones legales que reconozcan la singularidades de las organizaciones que integran el denominado Tercer Sector en el marco y modelo de las subvenciones públicas. 

Se solicita que el Estado contemple los mecanismos necesarios para que la normativa recoja la supresión de la cofinanciación por parte de las organizaciones no gubernamentales del coste de la actividad subvencionada y el restablecimiento del supuesto de concesión directa para los casos en los que concurran motivos de interés público social, económico o humanitario. También se pide la posibilidad de pago anticipado de la subvención, sin perjuicio de otras medidas que garanticen la supervivencia del Tercer Sector, pieza angular de nuestro Estado Social.

La vicepresidenta y consejera de Acción Social del Cabildo, Cristina Valido, manifestó la necesidad de que el Estado y el resto de administraciones den una adecuada respuesta a la labor que desarrolla el denominado Tercer Sector suprimiendo el principio de complementariedad financiera que obliga a las ONG a cofinanciar las actividades subvencionadas. "Muchos de los servicios que desarrollan estas entidades de acción social son responsabilidad pública, por lo que debe caer en las administraciones su financiación íntegra".

Respecto a la solicitud de pago anticipado de las subvenciones, el acuerdo institucional señala la necesidad que tienen estas organizaciones de liquidez y solvencia financiera ya que no se prevé expresa y claramente en la reforma de la Ley la posibilidad de un pago adelantado de la subvención, obligando así a las entidades del Tercer Sector Social a someterse a endeudamientos y condiciones de crédito que gravan aún más la situación de desequilibrio en la que se encuentran.

El acuerdo advierte de que, de mantenerse la redacción del Anteproyecto de Ley propuesta por el Gobierno del Estado, imposibilitaría la labor de aquellas entidades del Tercer Sector, sin grandes recursos, pudieran abordar actividades promovidas por las administraciones públicas y susceptibles de ser subvencionadas, lo que supondría un grave perjuicio para el sector social y el consiguiente paso atrás en los derechos de las personas más vulnerables.